Los Municipios de Oposición, cantera para un Gobierno Democrático en Cuba.
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Villa Clara 13
Sancti Spíritus 8
Cienfuegos 8
Ciego de Ávila 10
Camagüey 13
Las Tunas 8
Holguín 14
Granma 13
Santiago de Cuba 9
Guantánamo 10
Isla de la Juventud1

Total nacional: 169

 


 


Demanda socio política al Sistema Judicial y Penitenciario cubano

Título: La justicia como instrumento moral y no como herramienta política de la casta gobernante.

Resumen y justificación 

La utilización del sistema judicial para frenar las manifestaciones sociales es una aberración jurídica, aun cuando se utiliza para castigar el hurto u otras apropiaciones indebidas. Esas actitudes que se pudieran considerar como la “justa compensación”, los cubanos la han rebautizado como “resolver”, pues la sociedad no la puede asimilar, ni lo entiende como un robo. Sustraer bienes del Estado es como robarle al rico para satisfacer lo que se le niega al pobre.

Nuestra determinación no pretende denunciar solamente los casos de irregularidad jurídica en casos individuales, sino demandar aquellas políticas gubernamentales que mantienen en prisión a más de 58 mil personas, según cifras oficiales, que coloca a Cuba entre los países de más alta  tasa de reclusión, con 510 reclusos por cada 100 mil habitantes.

Aunque la tasa per cápita es alarmante, también lo es la tipicidad de los supuestos delitos. En Cuba hay una serie de delitos que se deben al sistema económico y político del país. Un delito recurrente es el hurto y sacrificio de ganado mayor, producto de la escasez de carne bovina para el consumo, la prohibición del sacrificio de ganado mayor y la centralización por parte del estado de la comercialización de la carne de res. 

La salida ilegal del país, que ahora se “camufla” como tráfico humano es una situación jurídica que se debe a la situación económica, política y social que impone el régimen cubano.  Recordemos la máxima que reza: “Cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran”. 

El concepto de peligrosidad social pre delictiva, tipificado como delito tiene en prisión una gran cantidad de personas sin la comisión de un acto ilegal, por tanto es una aberración jurídica. 

La imposición de multas por cuestiones políticas o violaciones de regulaciones económicas, derivadas de una incoherente política estatal, por sus irregularidades y arbitrariedades se convierte en potenciales miembros de la población penal, cuando se niegan o no pueden pagar esas arbitrarias multas. 

Y para completar la incoherencia del sistema judicial cubano y su violación a los derechos elementales del hombre, tenemos los mal llamados delitos políticos, tipificados irracionalmente como delitos contra la seguridad del estado. Lo que convierte en delito, los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. En este punto se cumple aquello de que la razón es la voluntad de la clase gobernante hecha ley. 

Y para reforzar estas violaciones, se han creado grupos paramilitares o porras, bajo la denominación de “Brigadas de Respuesta Rápida”, que impunemente golpean a pacíficos ciudadanos, violan sus domicilios y destruyen y roban sus propiedades. Todo con total impunidad, y en repetidas ocasiones las víctimas son las que enfrentan los rigores de la “ley”. 

Fundamentación:

La cifra de alrededor de 58 mil reclusos ofrecidas por las propias las autoridades cubanas pone en alerta sobre la existencia de factores que generan supuestas violaciones jurídicas que transforman en personas recluidas.  

A la injusta política judicial se agregan las pésimas condiciones carcelarias. Y lo peor que no permiten que los mecanismos internos y externos de fiscalización como la Cruz Roja visiten los centros penitenciaros, además de los grupos especializados como los Comités Contra la Tortura, la Comisión de Derechos Humanos en años recientes, Amnistía Internacional y otros organismos internacionales que han solicitado su intervención.

Según cifras oficiales, más de 23 mil reclusos realizan trabajos, que bien se pudieran catalogar de forzosos, debido a las condiciones en que lo realizan y la remuneración de los mismos. Aunque se dice que cobran de acuerdo a las mismas categorías nacionales, no se aclara que deben pagar hasta su estadía en la cárcel, además de la alimentación, rapas y cualquier otro servicio que se les preste. Un ejemplo evidente es la producción de carbón vegetal por presos en varios sitios del país, como el correccional de "Jucarito" del municipio Río Cauto, en la provincia Granma.

Queremos aclarar que el adoctrinamiento ideológico en las prisiones es paradójico, ya que los reclusos a quienes más les roban y contra quien más delinquen son contra el estado. Catalogar a los reclusos, de revolucionarios que han cometido un error, pone de manifiesto la verdadera actitud de los “revolucionarios cubanos”.

Los delitos económicos y sociales pueden considerarse como delitos políticos, ya que por decisiones políticas se implementan leyes que generan penas de cárcel, como es el caso del hurto y sacrificio de ganado mayor. La prohibición del sacrificio de ganado está vigente desde los primeros años de la “revolución”, medida que no ha permitido aumentar la masa ganadera en Cuba, más bien ha decrecido sustancialmente.

Hay otras acciones que injustificadamente se consideran delictivas como el tráfico de café y ocasionalmente otros productos agrícolas. La comercialización del café se sanciona con igual rigor que cualquier draga, y genera muchas multas y detenciones. 

La pena de muerte debe ser punto de reflexión y análisis, ya que en varias ocasiones en Cuba se ha aplicado por motivos políticos y en otras ocasiones como mecanismo de disuasión o ejemplarizante. 

Debido a todas las irregularidades que enfrenta el sistema judicial y penitenciario,

Consideramos: que después de 58 años de experimento político, económico y social no han logrado satisfacer las necesidades de la población, que se ve compelida a delinquir para resolver su situación personal y de la familia.

Consideramos: que las cifras de reclusos y de centros penitenciarios en Cuba son alarmantes, y prueba que hay que reconsiderar el sistema judicial y penitenciario en Cuba, sus causas consecuencias. 

Consideramos: que se debe ajustar el Código Penal cubano a las prerrogativas democráticas internacionales, para eliminar las tipificaciones jurídicas que violan los derechos humanos. 

Consideramos: que se deben de despenalizar aquellos conceptos que violan la libertad económica, que sitúa a Cuba en el penúltimo lugar a nivel mundial, de 178 naciones. 

Consideramos: que entre los delitos a despenalizar se encuentra el de hurto sacrificio de ganado mayor, la comercialización del café y cuantos productos pueden constituir el derecho a la libre comercialización. 

Consideramos: que la “salida ilegal” en todas sus variantes es una consecuencia directa del sistema económico, político y social impuesto por el régimen cubano. Cuba antes de la “Revolución” era un país receptor de inmigrantes, no  un emisor consuetudinario como es en la actualidad. 

Consideramos: que tipificar una conducta de peligrosidad social pre delictiva es una aberración jurídica, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de que una persona pueda cometer un delito, no es razón para ser encarcelada como medida profiláctica.  

Consideramos: que el trabajo puede ser una terapia de reinserción social para los reclusos, pero con todos sus derechos y remuneraciones, que no lo convierta en un trabajo esclavo. 

Consideramos: que la violencia política, generada por los grupos o brigadas de respuesta rápida, es creada y estimulada por el gobierno-estado. 

Consideramos: que no se debe utilizar el sistema judicial para castigar o reprimir a los ciudadanos con propósitos políticos, mediante multas y otros mecanismos de persecución política.  

Consideramos: que la pena de muerte no se corresponde con los valores morales, éticos y religiosos del pueblo cubano y está en franca contradicción con la lucha contra la pena de muerte de la comunidad internacional.

Por tanto: Debe revisarse todo el sistema político y económico del país, que tiene a la población sometida a una inmensa crisis que la obliga a delinquir para sobrevivir. Y que hace que Cuba tenga una tasa de población penal per cápita entre las más altas del continente.

Por tanto: A la vez que se tomen medidas para reducir la población penal, debe resolverse el hacinamiento en las prisiones y permitir el acceso a las cárceles y prisiones de las instituciones independientes nacionales e internacionales.

Por tanto: debe adecuarse el Código de Procedimiento Penal a nuestra realidad y despenalizar todas las actividades políticas, económicas y sociales que se generan por el carácter totalitario del régimen cubano. Si el geminen protegiera esos derechos económicos, políticos y sociales no constituirían un delito y no se produjeran arrestos y encarcelamientos arbitrarios.

Por tanto: Si la política represiva contra las manifestaciones políticas, económicas y sociales no han logrado persuadir la actitud ciudadana, debe despenalizarse las manifestaciones públicas y de expresión, el sacrificio de ganado mayor y la comercialización de todos los productos agrícolas y pecuarios del país. 

Por tanto: Si la salida entrada al país es un derecho universal de sus ciudadanos debe otorgarse la condición de entrada y salida de todos los ciudadanos, sin importar su credo político o religioso.

Por tanto: si el gobierno es quien organiza y alienta las hordas de las brigadas de respuesta rápida, entonces es el único responsable de la violencia política, con sus consecuentes golpizas, allanamientos y destrucción y robo de las propiedades ajenas. 

Por tanto: si la eliminación de la pena de muerte constituye uno de los grandes retos y desafíos de la izquierda internacional, no se justifica que Cuba, un país que se considera el patrón a seguir implemente la pena de muerte, y peor aún como represión política o disuasión social.

Y en resolución a todo lo antes expuesto:

Demandamos: inmediata separación de poderes donde el poder judicial mantenga absoluta soberanía del Gobierno Central y deje de ser un instrumento de control y represión social, a su servicio. 

Demandamos: la apertura política y económica que garantice la paz social. 

Demandamos: la promulgación de un Nuevo Código Penal que se ajuste a los valores universales de los derechos humanos y bajo las normas de las libertades económicas y políticas universalmente reconocidas.

Demandamos: la puesta en libertad de todas aquellas personas que se encuentran cumpliendo prisión por delitos políticos, económicos (no justificados) y sociales, que estén relacionados con una inadecuada política de estado. 

Demandamos: la eliminación del concepto de peligrosidad social pre delictiva como figura jurídica. 

Demandamos: la eliminación de la imposición de multas como mecanismo de represión política y económica, sin un basamento jurídico coherente y responsable, cuando con ello se viole los derechos a la libertad política y económica de los ciudadanos. 

Demandamos: la eliminación de la pena de muerte, pero más cuando su aplicación tiene propósitos políticos y ejemplarizantes, que no se corresponden con hechos horrorosos que pudieran justificar una pena capital. 

 

 

 

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